Los productos milagro (técnicamente productos con pretendida finalidad sanitaria) son aquellos que alegan disponer de una pretendida finalidad sanitaria, incumpliendo las exigencias de veracidad, claridad e información sobre su contenido, composición, naturaleza o efectos.

En la década de 1990 surgieron en España como setas cientos de productos milagro que fueron denunciados por las asociaciones de consumidores. A resultas de este clamor consumerista, se aprobó en 1.996 un Real Decreto* para luchar contra estos productos.

En 2010 han surgido como setas, productos milagro como las pulseras magnéticas (power balance, noa magnetic, equilibrio-fuerza).

Las asociaciones de consumidores (OCU y FACUA han sido las más activas), han salido a la palestra para denunciar estos productos por fraudulentos, pero desgraciadamente, la administración no hace nada para evitar este fraude, precisamente porque su poder de actuación está bastante limitado (se escudan en que no hay riesgo para la salud, aunque la ley les permite perseguir a las agencias de publicidad, periódicos, revistas de radios y televisión y cualquier otro medio de comunicación (por ejemplo, Internet), que contravengan la normativa de productos milagro).

Actuación de los poderes públicos
Las administraciones públicas tienen el deber de salvaguardar y proteger nuestra salud y seguridad como personas. En concreto, para luchar contra los productos milagro disponen de herramientas legales para:

-exigir que se cumpla la normativa sanitaria (leyes del medicamento, de sanidad, etc.);

-establecer prohibiciones o limitaciones a la publicidad y promoción de los productos que constituyan un riesgo para la salud de los consumidores;

-promover acciones de cesación o rectificación de la actividad de las empresas que promueven los productos milagro (en particular la ley* prohíbe la publicidad de productos que se atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria).

Limitaciones de los poderes públicos
Sin embargo, en países donde impera la libertad de empresa, las administraciones públicas tienen limitaciones y dificultades para proteger nuestros intereses económicos, ya que, cualquier otra cosa se tendría por intervencionismo.

La principal limitación es que suelen (pueden) actuar sólo cuando está en riesgo nuestra salud, olvidándose de nuestros intereses económicos cuando no hay un riesgo para la salud, aunque sí hay un fraude al consumidor.

Las pulseras magnéticas, tan de moda en 2010 en España, son un ejemplo de fraude a los consumidores, que, por su precio reducido (unos 40 euros), nadie, salvo las asociaciones de consumidores, se ha atrevido a denunciar.

Responsabilidad de todos
Hace falta mucha más ética por parte de los medios de comunicación (recientemente FACUA ha denunciado que Google no cese en la publicidad de adelgazantes milagro), los cuales no deben legalmente hacer publicidad de productos milagro, y en todo caso no deberían prestarse a anunciantes sin escrúpulos, los presentadores famosos, las radios sin escrúpulos, etc.

Los consumidores deberíamos, por nuestra parte, ser menos ingenuos y dejar de hacerle el marketing a estas empresas que pegan verdaderos pelotazos de temporada gracias a nuestro “boca-oído” (¿quién no ha oído en familia últimamente lo buenas que son las pulseras magnéticas y ha visto después una de ellas por casa, total sin son 30 y tantos euros?).

* Real Decreto 1.907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.