El Juzgado Mercantil número 2 de Málaga, en Sentencia de 20 de diciembre de 2011, condenó al banco BBVA a eliminar la "cláusula suelo" de un contrato hipotecario y a devolver 1.639 euros al cliente por la cantidades cobradas indebidamente por su aplicación.

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El BOE acaba de publicar una Orden* en la que se regula la transparencia y protección de los clientes de servicios financieros personas físicas, para garantizar el adecuado nivel de protección, incluyendo por primera vez las obligaciones en servicios prestados por los bancos a distancia vía Internet o por medio de cajeros automáticos, o la obligación que tendrán éstas de enviar a sus clientes durante el mes de enero de cada año, una comunicación en la que, de manera completa y detallada, se recoja la información sobre comisiones y gastos devengados y tipos de interés efectivamente aplicados a cada servicio bancario prestado al cliente durante el año anterior mediante documento unificado por el Banco de España).

Esta Orden es un desarrollo de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que hablaba, entre otras cosas, de la transparencia y del "préstamo responsable": los bancos deben conceder crédito de manera prudencial para evitar daños posteriores a sus clientes e inestabilidad en los mercados, es decir, que deben evaluar nuestra solvencia de manera prudente (nos podrán pedir demostrar nuestra situación de empleo, ingresos, patrimonial y financiera).

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Un contrato de crédito al consumo es aquel por el que un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación.

Se acaba de aprobar en España una nueva Ley de Crédito al Consumo. Llama la atención la obligación de evaluar la solvencia del consumidor por parte del prestamista antes de celebrar el contrato de crédito. Por tanto es una obligación del prestamista evaluar la solvencia del consumidor (solicitando información al consumidor y consultando ficheros de morosos).

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La Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha confirmado la sentencia que estimó la demanda que la mujer demandante interpuso contra la entidad Banco Santander Central Hispano S.A, condenando a ésta a indemnizarla por los daños morales que le habían sido causados cuando el Banco canceló anticipadamente sus tarjetas de crédito sin causa justificada ni previa notificación, y, a detraer de su cuenta corriente todo el dinero que tenía depositado el día 18 de diciembre de 2006.

Sentencia original
En la Sentencia original del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Palma, de fecha 30 de septiembre de 2009, quedó acreditado el incumplimiento contractual del banco en la cancelación anticipada de las tarjetas de crédito de la usuaria demandante, siendo condenado el Santander a indemnizarla en la cantidad de 6.000 euros por los daños morales causados, y al pago de las costas.

La usuaria demandante tenía unas circunstancias personales y familiares complicadas: estaba legalmente separada, con una hija menor a su cuidado, con una limitación funcional con minusvalía del 75 %.

La usuaria se entera de la cancelación de sus tarjetas al inicio de las fiestas de Navidad, cuando acudió a un centro comercial para efectuar las compras propias de tales fechas y celebrar el cumpleaños de su hija, viéndose obligada a desistir de realizarlas.

A ello se unió que los adeudos de sus compras se le cargaron a otra cuenta corriente con la que operaba la cliente sin actividad, con lo que la dejaron sin fondos, incurriendo en números rojos. Todo lo anterior permite afirmar la causación de un sufrimiento psíquico y un estado de zozobra y de ...