En Galicia los consumidores están de enhorabuena tras la publicación de la nueva ley de protección de las personas consumidoras y usuarias en la que se dice que "las normas de protección a los consumidores se interpretarán a favor del consumidor, debiendo ser objeto de interpretación estricta las excepciones a dichas normas de protección a los consumidores".

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El pasado jueves se ha publicado en el boletín oficial de Extremadura (DOE) un Decreto* por el que se crea y regula la composición y funcionamiento del Consejo de consumidores de esa comunidad autónoma.

Se trata de un nuevo Consejo que sustituye al Consejo Extremeño de Consumidores y Usuarios creado en 1989 (Decreto 45/1989, de 23 de mayo) para adaptarse al Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

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En la sociedad del consumo y del consumismo, cualquier iniciativa que ayude a educarnos para ser capaces de seleccionar los mensajes que nos transmite la publicidad, descifrarlos y entender lo que persiguen, es bienvenida.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de promover la educación y la formación permanente de los consumidores para que conozcamos nuestros derechos y consumamos en libertad, eligiendo informadamente y siendo conscientes de las consecuencias de nuestros actos de consumo.

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El pasado lunes 3 de enero el Blog Kontsumo del Gobierno Vasco informaba de la apertura del plazo para la presentación de solicitudes de ayudas económicas destinadas a entidades locales (y las entidades promovidas por estas), para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias para el ejercicio 2011 (OMIC y similares).

En total, el Gobierno Vasco destinará 1.008.600 euros distribuidos de la siguiente manera:

 888.600 euros para gastos derivados del funcionamiento y realización de actividades de información y formación de las personas consumidoras y usuarias, y de edición y divulgación de publicaciones de Centros y servicios destinados a oficinas municipales de información a las personas consumidoras (OMIC).

 100.000 euros para gastos derivados de la realización de actividades de inspección de consumo.

 20.000 euros para gastos derivados de la instalación, reforma, ampliación, equipamiento o cambio de ubicación de centros y servicios destinados a oficinas municipales de información a las personas consumidoras (OMIC).

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