Informa Europa Press que la Mesa del Congreso de los Diputados de esta nueva Legislatura (la décima) ha admitido a trámite una solicitud de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por varias asociaciones cívicas catalanas que propone que se apruebe y permita al usuario, en caso de problemas de pago de un préstamo con garantía hipotecaria, la entrega de la vivienda  para saldar la deuda con el banco (dación en pago).

Ahora, estas asociaciones promotoras deben recoger antes de nueve meses las 500.000 firmas necesarias para que el texto llegue al Pleno del Congreso. La Junta Electoral Central tendrá que ratificar estas firmas, tras lo cual la próxima Mesa del Congreso ordenará la publicación del texto, que deberá ser debatido en el Pleno a más tardar en seis meses. Los promotores podrán entonces acudir al Parlamento a defender su propuesta.

Problemas burocráticos
En la anterior Legislatura, el órgano de gobierno de la Cámara Baja tuvo que decidir sobre la admisión o no de dos iniciativas surgidas de distintos colectivos de la sociedad civil relativas a la dación en pago y a la creación de un alquiler social adaptado a quienes no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

La ley que regula este tipo de iniciativas populares establece que no pueden tramitarse dos ILP que versen sobre el mismo asunto y que, si se registra más de una sobre el mismo tema, debe darse prevalencia a la primera.

Entre las asociaciones promotoras destacan la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio DESC, las asociaciones de vecinos catalanas, la Taula del Tercer Sector Social, la Unió de Consumidors de Catalunya, CC.OO. y UGT.

Dación en pago
Las asociaciones de consumidores están siendo muy activas en esta petición aunque admiten que pueda haber alternativas como la moratoria en el pago en caso de dificultades. Adicae informa en su Blog que durante los nueve primeros meses del año 2011, 57.136 familias se han visto despojadas de su vivienda, y pide al menos una moratoria a los procesos judiciales de embargo durante al menos tres años, para dar una segunda oportunidad a las familias hipotecadas.

Según esta asociación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado un informe en el que se refleja que un total de 14.894 familias perdieron su vivienda durante este periodo como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias registradas en los Juzgados de Primera instancia e instrucción.

Enlaces de interés

http://www.observatoridesc.org 

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/campana-dacion-en-pago/